Camille Lavoix, Mediapart, Francia
El presidente ecuatoriano quiere cambiar la constitución para quedarse en el poder. Lo critican sus opositores y su electorado.
El 16 de septiembre de 2015 el líder indígena Carlos Pérez Guartambel desfiló en Quito, capital de Ecuador, junto a obreros, movimientos feministas, activistas ambientales, intelectuales de izquierda y de derecha. Todos salieron a manifestar por las calles en contra del presidente Rafael Correa.
El presidente ecuatoriano quiere cambiar la constitución para quedarse en el poder. Lo critican sus opositores y su electorado.
El 16 de septiembre de 2015 el líder indígena Carlos Pérez Guartambel desfiló en Quito, capital de Ecuador, junto a obreros, movimientos feministas, activistas ambientales, intelectuales de izquierda y de derecha. Todos salieron a manifestar por las calles en contra del presidente Rafael Correa.
Un mes antes la pareja de Pérez
Guartambel, Manuela Picq Lavinas, periodista y académica
francobrasileña, fue detenida durante una manifestación similar. Su
visa fue revocada por las autoridades. Al día siguiente de la
detención de Picq, el 14 de agosto, sus colegas del Institute for
advanced study de Princeton escribieron al presidente Correa pidiendo
que fuera liberada. Esta solicitud fue a su vez seguida por varios
apelos de intelectuales alemanes y brasileños, trastornados por la
detención de la periodista. Un juez ecuatoriano estableció que la
detención de Picq y la revocación de su visa eran ilegales, pero
una carta del ministro del Interior confirmó la expulsión de la
periodista. Para justificar la decisión, el ministro de Relaciones
Exteriores Ricardo Patiño se apeló a la soberanía nacional: «Un
extranjero que tiene una visa de intercambio cultural no puede
cometer ese tipo de cosas (o sea participar a manifestaciones)»,
declaró, y acusó a Picq de haber «agredido al patrimonio
histórico» de Quito. Según Pérez Guartambel, el gobierno trató
de destruir la pareja separándolos. Pero cometió un error político
porque el 16 de septiembre los manifestantes -aunque en número
menor- salieron de nuevo a manifestar por las calles de la capital.
«En el extranjero quienes han fingido no ver, ‘porque entre
fuerzas de izquierda hay que ayudarse’, ahora han abierto los ojos
sobre este gobierno populista y autoritario que usa su imagen de
ejecutivo interesado a la justicia social», declara Manuela Picq
desde Brasil.
«La opinión pública ha quedado impresionada por la
detención de la pareja de un opositor», confirma el ecuatoriano
Enrique Ayala Mora, socialista, historiador y rector de la
Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. «De todos modos Correa
no es de izquierda», destaca Ayala. Entre los manifestantes estuvo
también Alberto Acosta, un economista muy amigo de Correa desde
1991, ministro de energía y minas y luego presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente. Como Ayala, Acosta también formó parte de
las viejas bases que hoy se están desmoronando. «Correa prometió
al país la mejor constitución del mundo, pero hoy quiere cambiarla
para poder ser reelegido sin límites de mandato», afirma. «Quiere usar a los militares para las
cuestiones de orden interno y no para proteger las fronteras. Manuela
Picq no ha sido la primera expulsada del país», añade Acosta. En
2014 el gobierno expulsó al estadounidense Oliver Utne, que ya
residía en el país desde hace años y junto al Massachusetts
institute of technology coordinaba un proyecto innovador de una barca
a energía solar para conectar las comunidades indígenas de la
Amazonía.
Manuela Picq fue presentada por los medios de comunicación
como una intelectual obligada a abandonar a toda prisa la casa que
compartía con su compañero y las dos hijas de éste, su trabajo en
la Universidad San Francisco de Quito y su vida en el país donde
residía desde hace ocho años. Su caso recuerda el de su madre, Lena
Lavinas, también académica y periodista. «Mi madre escapó de
Brasil durante la dictadura militar y emigró a Francia. Cuando vino
a recogerme al aeropuerto, luego de mi expulsión de Ecuador, estaba
muy triste. Ha luchado para ver al final a su hija exiliada, además
por un gobierno de izquierda», explica Picq. Aun así su caso es
sólo la punta del iceberg. Las protestas contra el gobierno, con
grandes manifestaciones que se han vuelto recurrentes en varias
ciudades del país, unen a la izquierda (definida «infantil» por
Correa) con la derecha. Ambos bandos se oponen a la reelección
ilimitada del presidente. Por lo demás cada quien va por su lado, en
un extraño revoltijo ideológico. Los manifestantes critican la
detención de un centenar de militantes (detenidos el mismo día de
Picq), la apertura del gobierno a la industria minera y petrolera, la
privatización del agua, la destrucción de la educación bilingüe
kichwa, la reforma del código de trabajo que prohíbe la
organización sindical en el sector público, la firma de un acuerdo
de libre comercio con la Unión Europea y un nuevo impuesto a las
herencias y a la venta de inmuebles.
Durante la última manifestación
el empresario y diputado de derecha Wilson Chicaiza gritó eslóganes
contra el gobierno, definiendo un «robo» los nuevos impuestos. A
pocos metros de distancia, algunas asociaciones de feministas se
dirigieron a los colaboradores del presidente, en particular a Mónica
Hernández de Phillips, cercana al Opus Dei, favorable a la
abstinencia sexual y contraria a la distribución de preservativos y
al aborto. Desde hace un año Hernández de Phillips es la
responsable de la política gubernamental de planificación familiar.
Muchas personas que salieron a marchar no pertenecen a ninguna
organización política o civil. Estaban allí porque habían votado
antes por Correa y ahora se sienten traicionadas. Dolores, una
empleada del sector privado, blandía una escoba para mostrar su
apoyo a una comisión anticorrupción, una propuesta reciente para
«barrer» el clientelismo. Un jubilado recordaba, con un cartelón,
que su jubilación de $310 al mes no le basta para vivir.
Diversos y divididos
Según el activista indígena Pérez
Guartambel, la transformación de Correa comenzó en 2008 luego de
una reunión en China: «El presidente nunca quiso ni hablar ni
negociar con las empresas mineras. Pero en ocasión de ese viaje
oficial aceptó conceder cinco minutos a las empresas chinas,
canadienses y estadounidenses. La reunión duró cinco horas y su
posición cambió. Ahora la industria minera financia un estado
asistencialista y paternalista, que da $50 al mes a dos millones de
ecuatorianos en vez de crear puestos de trabajo».
Una parte del electorado continúa
apoyando al presidente, reconociendo los progresos en la construcción
de carreteras e infraestructuras. La desilusión de la izquierda «no
correísta» es algo reciente. Por otra parte Correa, quien llegó al
poder por primera vez en 2007, ha sido reelegido en 2013 por otros
cuatro años. A mediados del primer mandato modificó la
constitución, convocando a nuevas elecciones en 2009 y ganándolas.
Para enmendar otra vez la constitución e introducir la reelección
ilimitada del presidente (hoy el límite son dos mandatos) se
necesitan dos debates en el parlamento a un año de distancia. El
primero se llevó a cabo en diciembre de 2014, el segundó será a
finales de 2015.
Para los manifestantes, la protesta del 16 de septiembre, así como aquellas de los meses anteriores, es sólo una prueba en vista de la convocatoria de diciembre, cuando los sindicatos organizarán una huelga general junto a los indígenas. Uno de las consignas de la protesta será: «Sólo las plazas pueden presionar para impedir la reelección ilimitada de Correa».
En un artículo del 28 de agosto de Diario el Telégrafo, el presidente ha declarado: «Saben que no pueden gobernar porque son muy diversos y divididos entre ellos, pero quieren recuperar su poter de veto». Juan Paz y Miño, historiador e intelectual cercano al gobierno, recuerda que antes de la elección de Correa, entre 1996 y 2006, en Ecuador ha habido siete gobiernos y una dictadura: «El presidente es aún muy popular. Los sectores minoritarios de la nueva izquierda que salen a manifestar corren el riesgo de ser usados por la derecha favorable a la movilización», afirma. Un razonamiento en parte compartido también por Manuela Picq: «Deslegitimar a la izquierda tiene como efecto conducir a la extrema derecha hacia el éxito», sostiene. Ayala Mora espera «devolver una identidad a la izquierda ecuatoriana en uno o dos años. Pero por ahora», admite, «será la derecha quien recogerá los frutos de la movilización».
La manifestación del 16 de septiembre fue pacífica. En ocasión de las protestas anteriores, el presidente había hablado de «delitos graves, secuestros de policías, torturas y tentativos de asesinato», mientras sus opositores denunciaron la violencia del ejército, desplegado gracias al estado de emergencia declarado el 15 de agosto luego de la erupción del volcán Cotopaxi. El clima social en Quito es muy tenso y la alerta por la erupción del Cotopaxi es alta, pero Picq asegura que volverá, tal vez a tiempo para la movilización contra la reelección ilimitada de Correa. adr
Para los manifestantes, la protesta del 16 de septiembre, así como aquellas de los meses anteriores, es sólo una prueba en vista de la convocatoria de diciembre, cuando los sindicatos organizarán una huelga general junto a los indígenas. Uno de las consignas de la protesta será: «Sólo las plazas pueden presionar para impedir la reelección ilimitada de Correa».
En un artículo del 28 de agosto de Diario el Telégrafo, el presidente ha declarado: «Saben que no pueden gobernar porque son muy diversos y divididos entre ellos, pero quieren recuperar su poter de veto». Juan Paz y Miño, historiador e intelectual cercano al gobierno, recuerda que antes de la elección de Correa, entre 1996 y 2006, en Ecuador ha habido siete gobiernos y una dictadura: «El presidente es aún muy popular. Los sectores minoritarios de la nueva izquierda que salen a manifestar corren el riesgo de ser usados por la derecha favorable a la movilización», afirma. Un razonamiento en parte compartido también por Manuela Picq: «Deslegitimar a la izquierda tiene como efecto conducir a la extrema derecha hacia el éxito», sostiene. Ayala Mora espera «devolver una identidad a la izquierda ecuatoriana en uno o dos años. Pero por ahora», admite, «será la derecha quien recogerá los frutos de la movilización».
La manifestación del 16 de septiembre fue pacífica. En ocasión de las protestas anteriores, el presidente había hablado de «delitos graves, secuestros de policías, torturas y tentativos de asesinato», mientras sus opositores denunciaron la violencia del ejército, desplegado gracias al estado de emergencia declarado el 15 de agosto luego de la erupción del volcán Cotopaxi. El clima social en Quito es muy tenso y la alerta por la erupción del Cotopaxi es alta, pero Picq asegura que volverá, tal vez a tiempo para la movilización contra la reelección ilimitada de Correa. adr
Para saber
Libertad de expresión
El 17 de agosto el periodista Martín
Pallares fue despedido del periódico El Comercio, donde trabajaba
desde hace 13 años, por una opinión expresada en su cuenta de Twitter.
Pallares criticó la decisión del gobierno de suspender la visa de
la periodista Manuela Picq y de censurar la información sobre la
erupción del volcán Cotopaxi. En un artículo publicado el 1° de
septiembre en el New York Times, Pallares escribió: «Según un
informe de Freedom house, en Ecuador la prensa no es libre. Desde
2013 entró en vigor la Ley orgánica de comunicación. La ley ha
creado una especie de órgano que controla y regula los medios de
información, alentando la autocensura. A diario a los periodistas se
les advierte de las posibles sanciones en las que incurrirán si
critican al gobierno. Yo creo que la libertad de expresión sea un
derecho inalienable y estoy convencido que sólo ejerciéndolo se
pueda combatir la tiranía del silencio que algunas personas quieren
imponernos. Así, no obstante las advertencias, he continuado a
expresar mi desacuerdo por medio de Twitter”.
Traducción de Lotarsan
